Implicaciones de la nueva Responsabilidad Penal de las empresas

La inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (es decir, las empresas) en nuestro ordenamiento jurídico se produjo el año 2010 mediante una reforma del Código Penal que, debido a su escasa concreción y desarrollo, requirió de la nueva modificación que se instrumentó el pasado año mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha publicado recientemente la Circular 1/2016, una primera interpretación de ésta normativa que representa una guía de actuación y orientación verdaderamente útil.

La legislación vigente establece que las empresas serán penalmente responsables por los actos delictivos que les reporten un beneficio directo o indirecto y que sean cometidos por aquellos con facultades de organización y control dentro de la misma, o de aquellos sometidos a su autoridad. Pero, ¿cuál es el significado real de ésta amplia descripción? :

  • La fiscalía precisa que, además del provecho económico, serán imputables aquellos delitos cometidos en las compañías que supongan beneficios intangibles, como puedan ser la mejora de la posición estratégica en el mercado o de la reputación de sus marcas.
  • En el caso de los infractores especifica que se engloba a aquellos con los que mantiene una relación laboral (directivos, mandos intermedios y resto de empleados), con los que mantiene una relación mercantil (proveedores o acreedores) y los que, sin una vinculación formalizada, se encuentren bajo la dirección y supervisión de la sociedad (autónomos y subcontratados).

En el caso de que una empresa sea finalmente condenada, ¿cuáles son las consecuencias?. En primer lugar, destacar que las multas económicas se suelen adoptar como medidas cautelares, a las que se pueden añadir penas que van desde la inhabilitación para obtener subvenciones públicas, la clausura de locales y establecimientos o la suspensión de actividades hasta la más grave, la disolución de la persona jurídica.

A pesar de que en España nos encontramos en plena fase de desarrollo, se trata de una tendencia asentada a nivel internacional cuya proyección es indudable. Incluso, grandes corporaciones exigen que sus proveedores cuenten con sus propios mecanismos de prevención de delitos para que la contratación llegue a buen puerto. Entonces, ¿cómo debemos valorar la instauración de un manual preventivo?. 

Desde una perspectiva estrictamente jurídica la normativa dictamina que la implantación efectiva de un Plan de Prevención de Delitos (PPD) puede suponer una eximente de dicha responsabilidad, si bien, matizando de nuevo, ocurrirá siempre que sea posible evidenciar ante las autoridades competentes que la sociedad ha establecido protocolos y procedimientos preventivos adecuados que le permitan ejercer sus funciones de vigilancia y control. Desde la óptica empresarial resulta innegable que aporta un conocimiento profundo de la compañía que repercute favorablemente en la consecución de los objetivos establecidos y la mejora de la eficiencia operativa. Representa una apuesta clara por el cumplimiento interno y el fomento de los comportamientos éticos.

Por lo tanto, el PPD ha de desarrollarse específicamente y de forma personalizada a la sociedad (y sus riesgos), huyendo de la generalidad y la estandarización. Resulta imprescindible la aplicación del principio de proporcionalidad respecto al tamaño de la compañía y el principio de adecuación a la actividad que ésta lleva a cabo.

Y estructuralmente, ¿qué compone el PPD y cuáles son sus funciones? A continuación podrás visualizar los principales elementos que, una vez definidos e instaurados, habilitan a la sociedad a cumplir con sus responsabilidades normativas.

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By | 2018-02-13T16:46:00+00:00 julio 14th, 2016|Categories: Auditoría|Tags: , , , , , |0 Comments